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El Gobierno impulsa una nueva Ley del Alquiler

La nueva Ley del Alquiler, que entró en vigor el pasado miércoles 6 de marzo, extiende la duración de los contratos de 3 a 5 años y limita las subidas de la renta al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Consejo de Ministros aprobó por decreto la nueva regulación, que pretende regular una vez más la burbuja del alquiler pero sin incidir directamente en el precio de los inmuebles.

No obstante, el decreto aún debe ser ratificado por la Diputación Permanente del Congreso, puesto que Las Cortes ya han sido disueltas en motivo de la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril. Sin embargo, parece que el ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha ganado los apoyos de Podemos, el PDeCAT y el PNV, por lo que no se espera ningún imprevisto con este trámite.

Las principales medidas de este decreto, que supone la tercera regulación en materia de alquiler en 3 meses, se centra en la ampliación de los contratos y en la regulación de las subidas de la renta mensual.

Para ello, los nuevos contratos que se firmen a partir del 6 de marzo tendrán una duración mínima de 5 años, 2 más que lo establecido en la anterior legislación, mientras que si el arrendador es una empresa, el contrato durará 7 años.

Por otro lado, los propietarios no podrán subir la renta mensual por encima del IPC, una medida que ofrece ciertas garantías a los inquilinos y pretende defenderlos frente a incrementos abusivos.

El decreto no regula directamente los precios del alquiler, tal y como demandaba Podemos y otras formaciones políticas. Sin embargo, el Gobierno se da un plazo de 8 meses para crear unos índices oficiales de precio a los que podrán acogerse las diferentes Comunidades Autónomas para dirigir su propia política de vivienda.

A través de este detallado índice de precios, que será renovado anualmente, el Ejecutivo da la posibilidad a las CC.AA para que estas puedan ofrecer bonificaciones fiscales a todos aquellos propietarios que se ajusten dichos precios.

Así pues, esta medida sigue la línea de acción que impulsó Ada Colau desde el Ayuntamiento de Barcelona con la creación del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona.

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