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Las claves de la nueva LAU propuesta por Pedro Sánchez

Uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez para esta legislatura es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con la intención de frenar la burbuja del alquiler. El nuevo ejecutivo pretende modificar varios puntos claves para fomentar al alquiler justo y evitar la especulación inmobiliaria.

Tal y como explicamos en el post anterior, la principal modificación que el Gobierno pretende realizar es la de modificar la duración del contrato de alquiler de 3 a 5 años, con tal de proteger al inquilino y evitar que se suba la renta mensual cada tres años en el momento que se formaliza un nuevo contrato. De esta forma, se volvería a lo estipulado ley de 1994, reemplazando los cambios que realizó el Partido Popular en 2013 y 2015.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento presidido por José Luís Ábalos también ha propuesto regular las subidas de la renta acorde con lo que marque el Índice de Precios de Consumo, una iniciativa que vuelve a salir a la palestra tras la llegada al poder del Partido Socialista.

Otra de las iniciativas del nuevo ministerio es establecer un límite en la exigencia de fianzas por parte de los propietarios. De manera que solamente se podrá exigir un máximo de dos meses de fianza para las viviendas con un precio de alquiler inferior a los 750 euros y tres meses para las que se sitúan entre 750 y 1.200 euros.

Además, el Ministerio de Fomento también trabaja en proteger al inquilino frente posibles rescisiones de contrato en el caso de que el propietario decida vender la vivienda. Así pues, si el arrendador quiere disponer de su vivienda para él o su familia deberá estipularlo previamente en el contrato. De lo contrario, deberá respetar la duración del contrato de alquiler. De hecho, incluso si el propietario decide vender la vivienda, la persona o empresa que la adquiera también deberá esperar a que finalice el contrato de alquiler para realizar cualquier acción con ella.

Por último, las medidas que más polémica han generado tienen que ver con la propuesta de introducir beneficios fiscales para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas por debajo de un precio estipulado en cada zona. Si la renta mensual es menor del precio referenciado por cada ayuntamiento los arrendadores podrán desgravarse un 60% del IRPF, pudiendo llegar a un 100% si el inquilino tiene entre 18 y 30 años y sus ingresos no superan una cifra aún por determinar.

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