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Piden a Colau que apoye a los desahucios invisibles

Después de que el Ayuntamiento de Barcelona comprase un edificio entero ubicado en el barrio Sants para evitar que se vendiese a un fondo de inversión y, de esta forma, salvaguardar la seguridad de las familias que allí residen, saltan reclamaciones de vecinos de otras zonas que insisten en recibir el mismo trato.
Debido a que las propiedades adquiridas por inversores están subiendo como espuma, cada vez más familias viven con la esperanza pendiendo de un hilo, por el temor a recibir la carta que indique se quedaron sin hogar.
A esta situación, residentes del número 7 al 11 de Lancaster, Ciutat Vella, o del 151 de la calle Estença, en el Eixample, por ejemplo, reaccionan con voz de lucha, a capa y espada. Piden al Consistorio que de la misma forma que compró el edificio 37 de la Calle Leiva, en Sants, sean también comprados los suyos para agrietar la posibilidad del desahucio.
“Un mes antes avisan de que te tienes que marchar”, comparte Iman, portavoz del edificio de Estença. Algunos ya se han ido; otros, buscan otras opciones que incluyan el ni abandonar su piso. El Sindicato de Inquilinos nombra a este ejercicio “desahucios invisibles”.
“Pedimos que el ayuntamiento nos compre.¿Por qué lo han hecho en otro caso y aquí no? La propia alcaldesa Ada Colau tuiteó que el ayuntamiento utilizaría todas las herramientas que estén en sus manos”, batalla Imán.
Amparando sus palabras bajo el decreto 1/2015 sobre medidas urgentes de vivienda de la Generalitat, el Ayuntamiento sostiene que el caso de Sants fue una particularidad, pero que hay criterios a respetar y “los marca la legislación vigente y los complementa una instrucción municipal”. En el caso del edificio 37, la finca era propiedad de un banco, no se había comunicado la venta a la administración y procedía de una ejecución hipotecaria.
Por su parte Vivienda, con determinada enfatización, también recordó que la compra de fincas se lleva a cabo de acuerdo al área, su demanda, presión especulativa o si han estado expuestas a “procesos de conservación coertivos y sancionadores”. Es de esta forma que la instrucción municipal prioriza las compras y asigna “precios máximos de compra calculados a partir del mercado inmobiliario”.
Vivienda añade como nota al pie que está trabajando fuertemente en la captura de inmuebles vacíos, en la firma de acuerdos con importantes tenedores y construcción/compra de fincas.
Se debe “tener un debate de ciudad sobre dónde poner el límite económico por vivienda en el tanteo y retracto”, sugiere el portavoz de la PAH, Carlos Macías. “Necesitamos ampliar el parque público de alquiler en 120.000 pisos, y sí a la compra, pero con límites”.

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