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Airbnb no cede ante las exigencias de Hacienda 

Marta Romero

Según un decreto de Hacienda, aún en proceso, las plataformas de alquiler turístico estarían obligadas a identificar propietarios e inquilinos y los ingresos percibidos, entre otros detalles. ¿El principal motivo? Evitar a toda costa el fraude fiscal ocasionado por el boom de este tipo de plataformas.

Tal y como se informaba en este mismo medio el viernes pasado, Hacienda cierra el cerco al comercio digital. Y es que, la conocida plataforma colaborativa Airbnb no ha estado exenta de polémica desde su aparición, encontrándose con trabas legales en cada país en el que intentan implantarse.

En este caso, Airbnb se niega a ceder los datos de sus clientes como reclama Hacienda. La principal razón es que esta exigencia sería ilegal por parte de Hacienda, al quebrantar la Ley Europea de Protección de Datos. Aunque la empresa se ha mostrado abierta a colaborar con el Ejecutivo, declara que “Solo cederemos datos personales si la petición se realiza a través de la justicia.La acción de compartir datos solo puede ocurrir en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido”, aseguraba al medio digital Cinco Días.

Airbnb, en busca de la transparencia fiscal

Ante las acusaciones de colaborar con acciones fiscales ilegales, la plataforma defiende que ”siempre ha abogado por la transparencia”.

Nada parece impedir a la empresa colaborativa defender su guión:“Los anfitriones de Airbnb desean pagar los impuestos correspondientes en España y queremos trabajar con los políticos para que el proceso sea simple y claro para todos. Por esta razón, hemos implementado una serie de herramientas que ayudan a simplificar los impuestos para los anfitriones, como recordatorios, historiales de transacciones descargables y enlaces a recomendaciones independientes sobre fiscalidad” tal y como defiende la plataforma. Para ello, ha elaborado una guía fiscal para los usuarios donde se detalla cómo tributar los rendimientos derivados del alquiler y como realizar las declaraciones del IRPF.

La plataforma también se defiende de los que le acusan de contribuir al fraude al no controlar a sus usuarios, y se escuda en normativa comunitaria sobre el comercio electrónico. Esta legislación promulga que los estados miembros no pueden imponer a las plataformas colaborativas medidas de monitorizarción de actividades ilegales.

Airbnb se encuentra en el epicentro de esta defensa, pero hay otras plataformas de alquiler turístico implicadas como, por ejemplo, Homeaway . Esta plataforma, aunque con dudas, se mostró abierta a colaborar con Hacienda para lograr una mayor transparencia con los gestores y propietarios.

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