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Airbnb y HomeAway no ven con buenos ojos las reformas de Montoro

Aitor Molina

Hace unos días publicábamos la noticia de que Hacienda iba a obligar a las empresas como Airbnb o HomeAway a facilitar los datos de todos los propietarios que ofrecían sus viviendas en la web. Unos días más tarde, estas empresas intermediadoras han criticado fuertemente la medida señalando que infringe a la Ley Protección de Datos.

La web HomeAway ha comunicado a la prensa que están “analizando el texto del real decreto, para conocer las implicaciones legales, sobre todo para comprobar si choca con las directivas europeas sobre protección de datos”. Así pues, desde Airbnb se hacen eco de esta preocupación y argumentan que hay que distinguir entre  “tener acceso a datos” y “tener acceso a detalles personales”, entendiéndose como datos personales aquellos que permiten identificar a una persona.

Aun así, los negocios digitales enfocados al sector turístico se muestran perceptivos con la Agencia Tributaria y aseguran que harán todo lo posible para mejorar el sistema de tributación de este negocio tan lucrativo.

Recordemos que según esta normativa que ahora se encuentra en consulta pública, cualquier intermediario que actúe en el proceso de alquiler de una vivienda debe proporcionar el nombre, los apellidos y el NIF del arrendador, la referencia catastral de la vivienda, el tiempo que ha estado alquilada, el nombre de los inqulinos y el importe de lo ingresado por el alquiler.

Por otro lado, cabe destacar que el sector hotelero se ha mostrado muy satisfecho con esta propuesta de ley ya que según el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella,  “resulta necesario dar información a Hacienda, porque estas webs son plataformas de comercio electrónico y no un mero tablón de anuncios como pretenden dar a entender”.

De esta forma, la Agencia Tributaria deberá revisar el procedimiento para solicitar información a estas plataformas, con el objetivo de no incumplir la legislación europea sobre protección de datos y asegurarse obtener un mayor control sobre la tributación de los alquileres turísticos en España.

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