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El Gobierno Español se demora en la aplicación de la normativa hipotecaria europea

Marta Romero

Y es que España procrastina. O España Procristina.  El Gobierno español ha utilizado la famosa táctica del ”vuelva usted mañana” con la esperanza de que la UE olvide el asunto. 

Pero esta vez no ha pasado por alto. El Gobierno Español se retrasa en los plazos a la hora de aplicar las directivas hipotecarias del ejecutivo europeo. Y es que, el Tribunal de Justicia Europeo ha mandado un claro ultimátum a España el pasado 24 de enero: aplicar la normativa que protege al consumidor de un crédito hipotecario o recibir una sanción.

Un hecho que ha agotado la paciencia del tribunal europeo, ya que España ha tenido el plazo de dos años desde la apertura del procedimiento formal; plazo en el que no se ha visto ningún atisbo de llevar a cabo esta medida por parte del ejecutivo español. Tal y como explica la portavoz comunitaria Vanessa Mock: “Hasta la fecha no se ha notificado la adopción de ningún tipo de legislación y la Comisión Europea ha concluido que la directiva no ha sido traspuesta”.

Marzo de 2016 delimitaba el plazo para trasladar esta directiva a las legislaciones nacionales. Un límite cumplido por todos los países miembros menos por España, Croacia, Chipre y Portugal.  

¿ Qué dice la norma Europea? 

La legislación comunitaria fue creada con la intención de proteger al ciudadano europeo que adquiere un crédito hipotecario con un banco;  algo que el gobierno español no ha llevado a cabo.  Tal y como afirma el ejecutivo europeo” Los españoles no disfrutan de la protección que les corresponde cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos“.

El reglamento europeo establece normas responsables de conducta para las entidades bancarias, las cuales tienen la obligación de evaluar la situación del consumidor analizando su solvencia, conocimientos y competencia personal.  Asimismo, el banco debe divulgar información y aspectos como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos a moneda extranjera, la tasación de la propiedad, la educación financiera, la demoras o la ejecución hipotecaria.  

Además, el no haber traspuesto esta normativa  priva  de un pasaporte para actividades comerciales y por lo tanto de ” disfrutar de ofertas de crédito más ventajosas” de otras entidades bancarias de los estados miembros.

¿En qué deriva esto?  Limita la competencia y las posibilidades de elección,  lo que conlleva a un aumento de los precios.

”El objetivo de la Comisión Europea es crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores”.

 El alegato del Gobierno español

La reacción del Gobierno español no se ha hecho esperar, y es que, tras recibir este tirón de orejas parece que ha despertado de su letargo tras dos años de margen. Luis de Guindos señaló que no se pudo avanzar, por encontrarse un Gobierno en funciones.Tal y como indicó el gabinete de Guindos“Estamos preparando un texto normativo que esperamos esté aprobado antes de que se produzca la eventual sentencia. Con este objetivo, estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno”.

Con estas declaraciones el Gobierno confía en lograr el apoyo de Europa antes de sufrir cualquier sanción. Si cumple y al fin incorpora el ordenamiento europeo, puede que se salde la sentencia sin reprimendas . 

Antecedentes

No es la primera vez que el observatorio de Bruselas pone en duda las prácticas hipotecarias españolas. Sin ir más lejos, en abril de 2016 la CE consideraba ilegal y abusiva la regulación de los deshaucios en España. Una gran diferencia entre la normativa europea y la española es que los jueces en la UE podían parar cualquier proceso de deshaucio si detectaban cláusulas abusivas, mientras que los jueces españoles no estaban autorizados.

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