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El impuesto de plusvalía es declarado nulo e inconstitucional

Marta Romero

El 11 de mayo marcaba un día importante en el calendario para los más de 550.000 propietarios que vendieron sus inmuebles con pérdidas, ya que por ley, deberán ser reembolsados por la cantidad que les fue gravada mediante el impuesto de plusvalía.

Una medida con referentes en otras provincias como Guipúzcua y que ahora será trasladada a todo el territorio nacional. El Congreso tomará el relevo a la hora de modificar los artículos pertinentes.

Una decisión que responde a los tiempos de crisis, donde muchos españoles se han visto obligados a vender sus viviendas por un valor inferior al del valor de adquisición de la vivienda.

Y es que, el TC dictamina que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) — conocido como impuesto de plusvalía — vulnera el principio constitucional de los ciudadanos españoles de “capacidad económica”, ya que el impuesto no se vincula a la existencia de un incremento real “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

El actual impuesto sólo tiene en cuenta dos variables: el tiempo de posesión del mismo y el valor catastral del terreno en el momento de su venta , obligando a pagar el impuesto incluso con pérdidas de por medio.

Una medida que ha abierto la veda para que los más de 550.00 afectados puedan reclamar un dinero incautado – ahora-ilegalmente.

 ¿Quiénes pueden reclamar?

Según José María Salcero, experto jurídico, puede reclamar aquellos con “procesos fenecidos, es decir, solo podrán reclamar los que presentaron una autoliquidación del impuesto al vender el inmueble y aún no hayan transcurrido cuatro años desde entonces. También podrán hacerlo los que hayan presentado la liquidación —cuando es el Ayuntamiento el que calcula la cuota del impuesto— y aún no haya transcurrido un mes, que es el plazo generalmente establecido para considerarlo firme”.

 Primeras reacciones por parte de las diputaciones  

Un impuesto ”suculento” para las administraciones, y es que, esta tasa es junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto de Circulación de Vehículos, una de las principales fuentes de ingresos para los más de 8.122 ayuntamientos españoles.  Por ello, diputaciones como la del País Vasco defienden su posición para recaudar este impuesto, el cual representa una de las principales fuentes de recaudación. Para hacerse una idea, los Ayuntamientos recaudaron 2.625 millones de euros por el impuesto de plusvalía en 2015 (último año con datos cerrados), y con la sentencia del Constitucional estos ingresos se verán mermados.

Si los valores de adquisición y transmisión a tener en cuenta para calcular este impuesto no son desglosados, el criterio a aplicar es el porcentaje del valor del suelo y construcción del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

¿Los mayores perjudicados? Las promotoras inmobiliarias. Y es que, más de medio millón de ciudadanos serán reembolsados con esta cantidad gravada de forma injusta, pero por otro lado, las empresas promotoras serán las grandes perjudicadas, ya que en el momento de la construcción de los inmuebles durante el auge económico, los costes de construcción eran más elevados ¿Tras la crisis? Vendieron por un margen bastante inferior al esperado para recuperar la inversión, incluso pagando una plusvalía mayor que el beneficio obtenido.

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