La guerra entre los los gobiernos y las plataformas de alquiler vacacional parece no tener fin. Y es que, la Comunidad de Madrid ha decidido endurecer las medidas contras esta clase de plataformas. Para ello, ha desempolvado el decreto de regulación de las viviendas de uso turístico, el cual fue aprobado en julio de 2014 para después ser anulado por los tribunales.
Una necesidad que responde a la proliferación desmedida de esta clase de viviendas, las cuales ascienden a casi 20.000 en la capital, el doble que en 2015, donde 17.000 no están registradas. ¿ Las consecuencias de este boom? El aumento de los precios del alquiler y una gentrificación en los barrios del centro de la ciudad que afecta a la calidad de vida de los residentes habituales.
Es por ello que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado el decreto que regulará las viviendas turísticas en la región. Este estatuto recoge que, por ejemplo, los las comunidades de vecinos podrán decidir la prohibición de estas viviendas en su comunidad, siempre y cuando conste de manera expresa.
Un decreto innovador que recoge que estas plataformas estarán sujetas al real régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo en el caso de incumplimiento de las normas básicas de convivencia y cívicas ( las cuales el propietario deberá comunicar al inquilino) y se alude a las consecuencias que tendrá el incumplimiento de las citadas normas.¿El objetivo de esta reforma? Ni más no menos que la mejora de la calidad turística, la seguridad de la ciudadanía y las viviendas alquiladas.
Algunos de los puntos que se proponen incluir son los siguientes:
Ante lo restrictivo de estas medidas, la presidenta de la Comunidad de Madrid -Cristina Cifuentes- declaró en la rueda de prensa inmediata al Consejo de Gobierno semanal que el PP no está en contra de las viviendas turísticas, pero sí que apoyan una regulación que mejore la calidad turística, la seguridad y compatibilizar la actividad turística de los hoteles con la de los apartamentos turísticos
En palabra de la presidenta regional «Teníamos la necesidad de adecuar la normativa a los pronunciamientos y sentencias judiciales y cubrir así un vacío legal». Para ello, este borrador de decreto podrá ser enmendado por la patronal de hosteleros, los vecinos y las propias plataformas de alquiler de este tipo de casas, como Airbnb.
Por ahora, el decreto se encuentra en fase de de información pública, por lo que está sujeta a cambios y modificaciones por parte de las partes afectadas.
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