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Nuevos requisitos para la ejecución hipotecaria

Marta Romero

El Ministerio de Economía presenta novedades legales en la acción hipotecaria, como una cuantificación de la deuda o la firma obligatoria por parte del hipotecado de un contrato estándar.

El borrador del anteproyecto de ley de contratos inmobiliarios determina que la cantidad para llevar a cabo una acción hipotecaria es de un 3% o 5% del valor del préstamo, según el caso.

A diferencia de la antigua ley, donde se establecen tres cuotas impagadas para tomar a cabo acciones legales, en esta nueva medida se sitúa el impago hasta un 3% del valor si la hipoteca es a menos de 10 años o si el impago se produce en la primera década del préstamo.

Por otro lado, se establece el límite en un 5% si el préstamo dura más de una década o la mora en en el impago de produce después de los 10 primeros años desde la contracción de la deuda.

Otra de las principales reformas presentadas por el Ministerio de Economía es que el hipotecado deberá firmar un contrato ante notario donde declaran que entienden los riesgos del crédito. En esta ficha estandarizada se explican los riesgos y las cláusulas en una fase precontractual, tratando de evitar así las demandas hacia las entidades bancarias.

Otro añadido a esta nueva ley hipotecaria es que los empleados de la banca no podrán recibir comisiones por hipoteca concedida, una medida que alinea intereses comerciales con los del ciudadano .

Las nuevas medidas, a debate

Estas nuevas medidas no han tardado en generar oposición por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dictamina que el Gobierno de España establece ejecuciones hipotecarias rígidas con el ciudadano en comparación con otros países europeos

España establece el impago hasta un 3% para tomar medidas legales. En otros países europeos como Alemania el ciudadano tiene de margen hasta un 10%.

Y es que esta misma ley representa dos caras de una misma moneda. Una medida rígida para el ciudadano vulnerable pero favorecedora para las entidades bancarias y la economía. Por ello, el tribunal de la UE induce a que establezcan elementos correctivos que velen por los derechos de ciudadanos en situación de desempleo, por ejemplo.

No es la primera vez que el observatorio del Tribunal de Luxemburgo contradice a España. Hace unos meses el Gobierno recibió una sentencia donde se obliga al sector financiero a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo abusivas desde antes de 2013. Otro ejemplo se produce en el año 2015 donde la UE anula una disposición transitoria del gobierno español por no cumplir los derechos de los consumidores.

El Tribunal de Justicia Europeo cierra cada vez más el cerco a este tipo de medidas por el aumento de los desahucios, consecuencia de las acciones hipotecarias. Desde el comienzo de la crisis, más de 400.000 familias han perdido sus viviendas según fuentes de la PAH.

El desempleo, desencadenante de un mayor número de desahucios

El desempleo ha propiciado el aumento de ejecuciones y por lo tanto de desahucios, y es que, a la hora de evitar evitar una acción hipotecaria, el experto Miguel Javaloyes, abogado de Javaloyes Legal, establece que ”El tiempo es una de las mejores bazas a jugar cuando uno se enfrenta a una ejecución inmobiliaria”.

En palabras de Javaloyes, banco y afectado pueden llegar a un acuerdo, sin embargo, la mayoría de las ejecuciones siguen adelante.  “En la mayoría de los casos, las armas legales con las que cuenta un afectado no anulan el proceso, aunque algunas de ellas sí le permiten paralizarlo y ganar algo de tiempo”.

Este mismo tiempo es crucial para recurrir al Supremo mientras el proceso judicial continúa adelante, pudiendo llegar a alargarse hasta dos y tres años. Sin embargo, si finalmente el Supremo no da la razón al afectado, se deberán abonar las costosas tasas judiciales.La recomendación de Javaloyes es buscar ayuda cuanto antes, en cuanto se detecte la posibilidad de un impago en la hipoteca.

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