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Estas son las propuestas electorales en materia de vivienda

Aitor Molina

La vivienda se ha convertido en uno de los temas troncales de esta campaña electoral que finalizará el próximo 26 de abril. Los candidatos saben que más del 75 por ciento de las familias españolas tienen un inmueble en propiedad y estas propuestas pueden proporcionarle un puñado más de votos.

En este artículo vamos a analizar las propuestas de los 4 principales partidos candidatos a la presidencia en materia de vivienda y alquiler. De esta manera, los electores podrán saber qué proyectos deberían ponerse en marcha una vez comience la legislatura y podrán exigir el cumplimiento de esas promesas.

PSOE

La vivienda no tiene un protagonismo especial en el programa electoral del PSOE. De “los 110 compromisos para la España que quieres”, la vivienda ocupa un apartado de menos de una página. Sin embargo, esto puede ser debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez ya aprobó recientemente la ley del alquiler donde dejaban claras sus intenciones en este ámbito.

Estas son las medidas específicas del PSOE en materia de vivienda:

  1. Apoyar y complementar “las iniciativas de comunidades autónomas y ayuntamientos destinadas a las personas sin hogar”.
  2. Fomentar la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favorecer el uso de mecanismos público-privados.
  3. Reforzar el papel de sepes y del ICO en la política de vivienda, para fomentar la construcción de nueva vivienda de alquiler social, así como la rehabilitación de viviendas existentes.
  4. Reestablecer la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos.
  5. Desarrollar un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil que implique a todas las administraciones públicas, entidades sociales y privadas con el objetivo de establecer la coordinación esencial para facilitar el acceso a la vivienda en todas las CCAA.
  6. Desarrollar políticas de urbanismo y vivienda que tengan en cuenta las necesidades de las personas mayores, para facilitar el acceso a las ayudas de adaptación o rehabilitación de la vivienda

PP

El Partido Popular centra sus políticas de vivienda en ofrecer protección a los propietarios frente a posibles impagos y bonificar fiscalmente a estos propietarios para dinamizar el mercado del alquiler. Además, también propone castigar la ocupación ilegal con penas de hasta 3 años de cárcel.

Estas son las medidas específicas del PP:

  1. Elimina el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual.
  2. Favorecer el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino.
  3. FlexibilizaR las operaciones de Regeneración Urbana, para facilitar ajustes de edificabilidad y de usos del suelo, teniendo en cuenta la perspectiva de una mayor sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.
  4. Incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos.
  5. Impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada.
  6. Sustituir la licencia por la declaración responsable para los diferentes usos urbanísticos permitiendo reducir los plazos y tramitaciones de las autorizaciones.
  7. Reforzar el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación.
  8. Eliminar las subvenciones públicas a las entidades, asociaciones y grupos que apoyen la ocupación de viviendas.
  9. Impulsar una Estrategia de Seguridad contra el vandalismo urbano por el daño que causa en comercios, el patrimonio histórico, los medios de transporte e infraestructuras.
  10. Aprobar una reforma en el ámbito civil y penal para proteger a los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas.

CIUDADANOS

El partido de Albert Rivera quiere fomentar el alquiler social mediante la creación de una Ley Nacional de Vivienda, así como eliminar la burocracia y apostar por la seguridad jurídica y el alquiler turístico.

Esto es lo que propone Ciudadanos en el apartado de ” vivienda, infraestructuras y movilidad: políticas efectivas y sensatas” de su programa electoral:

  1. Dotar de un marco regulatorio nacional al alquiler de viviendas de uso turístico y combatir la turismofobia.
  2. Aprobar una Ley nacional de Vivienda e incrementaremos el parque de viviendas sociales de alquiler para ofrecer una alternativa a quienes no pueden permitirse una vivienda.
  3. Revisar la normativa que afecta a los alquileres de vivienda para reforzar la seguridad jurídica y dinamizar el mercado del alquiler.
  4. Crear un Registro de Arrendamientos Urbanos para poder disponer de información oficial sobre el mercado del alquiler en España.
  5. Mejorar los incentivos fiscales para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido.
  6. Facilitar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos con un Sistema Arbitral de Arrendamientos Urbanos sencillo, rápido y gratuito.
  7. Aprobar una Ley contra la Okupación que promueva la recuperación inmediata de los inmuebles por sus propietarios y los juicios rápidos contra quienes vulneran la propiedad.

UNIDAS PODEMOS

La vivienda sí que juega un papel muy importante en la campaña y el programa electoral de la formación morada, ya que el partido progresista cree que actualmente no se cumple el artículo de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna.

Para ello, la coalición liderada por Pablo Iglesias pretende intervenir en el mercado de alquiler con la siguientes propuestas:

  1. El último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba que, en España, se encuentra el mayor stock de viviendas vacías de Europa: 3,4 millones. Por eso mismo, se pretende blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad, conforme al derecho internacional.
  2. Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias. Se habilitará a los ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.
  3. Para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.
  4. Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible. Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementar en 50 000 viviendas al año, durante toda la legislatura.
  5. Luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda. Para ello, se propone auditar los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporar, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb.
  6. Poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de los barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.
  7. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas.
  8. Cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
  9. Proteger a los deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes con la limitación de su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago.
  10. Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida.

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